Agosto 2024: El programa tiene como uno de los objetivos, el vincular los principios de legislación ambiental nacional e internacional con la problemática ambiental; con el fin de brindar a los participantes elementos pedagógicos y conocimientos que les permita replicarlos bajo los mejores parámetros de liderazgo y equidad en el uso de los recursos naturales.
Este diplomado, impulsado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de los proyectos Juntos por la Gobernanza Ambiental del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Justicia Efectiva, representa un paso crucial hacia el fortalecimiento de la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales en Honduras.
Un total de 20 personas, son los primeros participantes de este Diplomado en Justicia Ambiental, como parte del esfuerzo de la Escuela de Formación del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), adicional a ello, este grupo piloto de funcionarios está integrado por representantes de la Fiscalía Especial del Medioambiente, Poder Judicial, equipo técnico del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la Policía Nacional.
Este proceso de formación teórico-práctico, cumple los estándares de calidad, contando con facilitadores especializados sobre legislación, delitos y procesos penales en materia ambiental.
“Ha sido un esfuerzo técnico del MP en conjunto con la PGR en lograr concluir con la malla curricular y esto no hubiese sido posible sin el apoyo técnico y financiero del programa Justicia Efectiva y el programa Juntos por la Gobernanza Ambiental de WWF, a quienes va nuestro agradecimiento por el apoyo brindado y que ha permitido que iniciemos este proceso con éxito” Ana Patricia Domínguez, Lobo subcoordinadora de la Escuela de Formación del MP.
Considerando que la formación profesional, se concibe como un proceso especializado e integral, para este diplomado se contemplan once (11) módulos dinámicos, diseñados desde la etapa introductoria hasta el abordaje de mayor análisis legislativo y de exigencia académica.
Este diplomado, impulsado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de los proyectos Juntos por la Gobernanza Ambiental del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Justicia Efectiva, representa un paso crucial hacia el fortalecimiento de la justicia ambiental y la protección de los recursos naturales en Honduras.
Un total de 20 personas, son los primeros participantes de este Diplomado en Justicia Ambiental, como parte del esfuerzo de la Escuela de Formación del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), adicional a ello, este grupo piloto de funcionarios está integrado por representantes de la Fiscalía Especial del Medioambiente, Poder Judicial, equipo técnico del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la Policía Nacional.
Este proceso de formación teórico-práctico, cumple los estándares de calidad, contando con facilitadores especializados sobre legislación, delitos y procesos penales en materia ambiental.
“Ha sido un esfuerzo técnico del MP en conjunto con la PGR en lograr concluir con la malla curricular y esto no hubiese sido posible sin el apoyo técnico y financiero del programa Justicia Efectiva y el programa Juntos por la Gobernanza Ambiental de WWF, a quienes va nuestro agradecimiento por el apoyo brindado y que ha permitido que iniciemos este proceso con éxito” Ana Patricia Domínguez, Lobo subcoordinadora de la Escuela de Formación del MP.
Considerando que la formación profesional, se concibe como un proceso especializado e integral, para este diplomado se contemplan once (11) módulos dinámicos, diseñados desde la etapa introductoria hasta el abordaje de mayor análisis legislativo y de exigencia académica.
Se espera que con esta primera edición del diplomado dirigido a formar formadores, éstos puedan replicar los conocimientos adquiridos en sus instituciones, fortaleciendo las capacidades de los funcionarios públicos hondureños en materia ambiental.
